En el día de ayer se habían realizado los alegatos de clausura en el que la fiscalía solicitó penas de cumplimiento efectivo para cada uno de los imputados y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos para la mayoría de los partícipes en la estafa con planes sociales, delito calificado como administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. (LEG 234319)
Luego Carolina Johansen, la defensora de Honorio y Victoria Contreras, solicitó para sus asistidos una pena de 2 años en suspenso.
En el día de hoy continuaron los alegatos de las defensas. En primer lugar Pablo Gutiérrez, solicitó también dos años en suspenso para Tomás Siegenthaler, Julieta Oviedo y Laura Resnik y además solicitó que se haga un llamado de atención a la fiscalía por no haber justificado el apartamiento del mínimo al realizar su solicitud de pena.
Laura Giuliani, solicitó para Néstor Pablos Sanz tres años de prisión condicional y para Isabel Montoya el mínimo de 2 años de prisión condicional además del cumplimiento de reglas de conducta durante el período en que dure la condena.
Gonzalo Rodríguez, defensor de Orlando Abel Di Luca, solicitó que se imponga a su asistido una condena condicional de 2 años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Fabián Flores también solicitó 2 años de prisión condicional para Luis María Gallo y el cese del embargo de un vehículo.
Luis Piombo, solicitó para Marcos Ariel Ozuna una pena de dos años en suspenso y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y como co-defensor de Alfredo Cury solicitó que se le imponga el mínimo de dos años suspenso y que se rechace la solicitud de inhabilitación planteada por la fiscalía por no haber sido planteado esto de manera previa y no haber acreditado que Cury fuera funcionario público.
Por último, Alfredo Cury en representación propia solicitó en primer lugar que se considere una pena natural por el sufrimiento padecido durante el proceso a partir de la mediatización que la fiscalía hizo del caso. Subsidiariamente solicitó la pena de dos años en suspenso. En representación de Ricardo Soiza solicitó una condena de dos años en suspenso y también que se llame la atención a la fiscalía por la difusión del pedido de penas excesivas sin justificar generando falsas expectativas en la sociedad.
El tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita cuenta con cinco días hábiles para dar a conocer las condenas para cada uno de los imputados y luego dispondrá de 10 días hábiles para enviar a las partes la sentencia escrita con los fundamentos completos de su resolución.