El pasado 13 de junio la jueza de garantías Natalia Pelosso había rechazado la medida cautelar solicitada por la fiscalía en una causa en la que dos personas quedaron imputadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En esa oportunidad la jueza tuvo por formulados los cargos y dispuso que los imputados continúen en libertad por no tener por acreditado los riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. (LEG 343812)
En el día de hoy, el tribunal integrado por las juezas Carolina García, Bibiana Ojeda y el juez Juan Manuel Kees revocaron por mayoría esta resolución y dictaron la detención domiciliaria con la colocación de tobillera electrónica y 5 rondines diarios para uno de los imputados y la prisión preventiva para el otro imputado quien se trata de un empleado del Ministerio de Desarrollo Social y, según la fiscalía, era quien se encargaba de la comercialización de la droga. En ambos casos se dispuso la prohibición de tomar contacto con vecinos y otras personas involucradas en la investigación.
Las juezas, con el voto mayoritario, fundamentaron la imposición de la medida cautelar tal como fue solicitada por la fiscalía. Indicaron que al haber descartado más de un kilo de cocaína arrojándolo al terreno vecino al arribar la policía, ya se manifestó un intento de entorpecimiento para la investigación por parte de los imputados con lo cual este riesgo se daba por acreditado para dictar las medidas cautelares.