El pasado 2 de agosto el juez de garantías Raúl Aufranc tuvo por formulados los cargos contra la mujer que el 1 de agosto atropelló a Elizabeth Martínez en la ruta 7 a la altura del cementerio de Centenario. En esa oportunidad la mujer fue imputada por el delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo automotor y por haberse dado a la fuga sin auxiliar a la víctima, por no encontrarse habilitada reglamentariamente para conducir vehículos, violar una luz roja y por culpa temeraria. El juez otorgó 4 meses para la investigación, le ordenó fijar domicilio y prohibió a la imputada tomar contacto con testigos del hecho o familiares de la víctima. (LEG 353802)
En el día de hoy, la fiscalía solicitó reformular los cargos y modificar la medida cautelar ante nueva evidencia colectada en estas semanas. Entre las nuevas pruebas presentadas por la fiscalía, la jueza Carina Alvarez consideró el registro de varias infracciones de tránsito anteriores de la imputada por exceso de velocidad y por cruzar semáforos en rojo y el registro de las cámaras de seguridad donde se evidencia que en el hecho la imputada cruzó seis segundos después de que el semáforo estuviera rojo, como elementos que admiten la nueva formulación de cargos solicitada por la fiscalía. La nueva calificación legal que determinó la jueza es por el delito de homicidio simple con dolo eventual manteniendo los mismos agravantes. Esto significa que la acusada conocía el posible resultado de su conducción imprudente, pero no le importó continuar con la acción.
Por otra parte la jueza, a pedido de la fiscalía, determinó que la única manera de cautelar el proceso penal es mediante una prisión preventiva, ya que quedó evidenciado el riesgo de entorpecimiento al peritar el vehículo y encontrarse un cuchillo dentro de la zona del motor y tres cortes en la manguera de líquido de freno realizados, aparentemente, luego del siniestro vial en el que perdiera la vida Elizabeth Martínez. También la jueza tuvo en cuenta el cambio de domicilio de la imputada a la ciudad de Cipolletti sin dar aviso a la fiscalía y el agravamiento de la calificación legal como elementos que dan cuenta e incrementan el riesgo de fuga o no sometimiento al proceso penal.
Tanto el plazo de la investigación como la prisión preventiva vencen el 2 de diciembre.