El Tribunal de Impugnación integrado por la jueza Estefanía Sauli y los jueces Andrés Repetto y Nazareno Eulogio y nulificó lo resuelto por el juez de garantías Marco Lupica Cristo el pasado 14 de noviembre con respecto a la admisión de pruebas para el juicio en el que se determinará la pena que deberán cumplir los declarados responsables por delitos de administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la administración pública en la causa conocida como Planes Sociales. (LEG 234319)
El Ministerio Público Fiscal presentó la impugnación por considerar que el juez violó el contradictorio al impedir replicar las oposiciones de la Defensa con respecto a la participación de algunos testigos y pruebas para la próxima etapa de cesura que tiene como fecha de inicio el 25 de noviembre próximo. consideró que la resolución del juez fue arbitraria, por resolver basado sólo en los argumentos de la defensa.
Aunque la admisión de pruebas no es un recurso impugnable, haciendo un control de constitucionalidad, el tribunal de impugnación en esta oportunidad consideró que el juez de grantías no respetó el debido proceso al no dar lugar a la fiscalía a responder a las oposiciones planteadas por la defensa y resolvió sin tener conocimiento de los argumentos de una de las partes. A partir de esta resolución ordenó que se realice una nueva audiencia ante un nuevo juez para resolver sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida por la fiscalía a la cual algunos defensores se oponen.