Una plataforma digital deberá suprimir contenidos y comentarios que constituyan violencia digital contra una joven residente de Villa La Angostura. Así lo resolvió la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia de la IV Circunscripción, Eliana Fortbetil, en el marco de la presentación realizada por una alumna de quinto año que denunció la publicación de mensajes ofensivos en Tellonym, una aplicación de mensajería anónima.
La adolescente refirió que, luego de un conflicto con un estudiante de otro establecimiento y tras una denuncia penal que este último formuló en su contra, comenzó a recibir agresiones de carácter anónimo. De acuerdo a la resolución, de los mensajes surge que se la individualiza con nombre y apellido, vulnerando su derecho a la intimidad, se da por cierto la comisión de un delito “y se la amedrenta, amenaza e intimida, poniendo en riesgo su integridad y libertad”.
Fortbetil consideró que existen “elementos suficientes para encuadrar las conductas denunciadas como violencia de género en su modalidad digital, en una de sus manifestaciones específicas como lo es el ciberbullying”. Asimismo, precisó que “se impone la aplicación del marco normativo vigente en materia de violencia de género en entornos digitales, incorporado mediante la Ley 27.736 (Ley Olimpia)”.
La magistrada dispuso informar sobre la situación a la Supervisión de nivel medio y a los establecimientos educativos, requiriéndoles que se adopten medidas para hacer cesar la situación de violencia digital e identificar a los agresores. También ordenó al Consejo Provincial de Educación la elaboración, en conjunto con los directivos escolares de la localidad, de estrategias de prevención del ciberbullying y otras formas de violencia en el ámbito educativo.
“En los entornos digitales, las infancias y adolescencias pueden verse expuestas a diversas formas de violencia que adoptan características propias y requieren ser comprendidas en su especificidad”, señaló. Dado el acceso permanente a esas tecnologías, se configuran “nuevas dinámicas vinculares” que provocan que se desdibujen “los límites entre lo público y lo privado, generando escenarios de riesgo”.
Subrayó que “existen manifestaciones de violencia digital que inciden en la salud emocional de niños, niñas y adolescentes”, y que a pesar de que suelen naturalizarse “generan impactos reales y requieren una intervención oportuna, sostenida y coordinada por parte de las personas adultas responsables y de las instituciones que conforman el sistema de protección”.
Finalmente, hizo especial hincapié en el reconocimiento de “las infancias y adolescencias como sujetos de derechos también en los espacios virtuales”. Ello implica resguardar su integridad frente a prácticas como el ciberacoso o la difusión no consentida de contenidos, y también “fortalecer competencias para que puedan habitar los entornos digitales de manera segura, crítica y con una conciencia activa de autocuidado y cuidado mutuo”.