La jueza de garantías Leticia Lorenzo autorizó la aplicación de un criterio de oportunidad para dos médicas imputadas por lesiones culposas, luego de alcanzar un acuerdo con un paciente al que deberán abonar 20 millones de pesos en concepto de reparación. “Entiendo que hay satisfacción de ambas partes, y eso es lo relevante en términos de las exigencias del Código Procesal en su artículo 17, en cuanto a encontrar la solución más pacífica para el conflicto concreto”, manifestó en una audiencia desarrollada ayer.
De acuerdo a la acusación, las profesionales atendieron a la víctima en el hospital de la localidad de Buta Ranquil entre los meses de marzo y abril de 2021, pero lo hicieron sin cumplir con “el deber objetivo de cuidado que debe regir la atención médica” y “omitieron brindar el cuidado necesario que habría evitado la puesta en peligro de la vida y secuelas en su salud física”.
Según lo expuesto por la fiscal del caso Natalia Rivera, “no realizaron un diagnóstico adecuado ni advirtieron la evolución desfavorable, no requirieron estudios complementarios ni realizaron interconsultas, ni derivaron a un centro de mayor complejidad, pudiéndolo hacer”. Esto, sostuvo, ocasionó un agravamiento del cuadro clínico del paciente, que requirió múltiples procedimientos quirúrgicos que le significaron unos 50 días de internación.
Por los hechos, a las médicas se les había formulado cargos en marzo pasado. Según explicó Lorenzo, el criterio de oportunidad es un instituto que no suele aplicarse cuando esa etapa ya se cumplió. Sin embargo, afirmó que corresponde por las circunstancias particulares del caso y porque no existe un interés público prevalente.
Respecto de las partes, a quienes consultó en la audiencia si comprendían los alcances de la salida alternativa, indicó que si bien ella como jueza debe quedar al margen de las condiciones del acuerdo, manifestó que era beneficioso para las “dos mujeres, que evitan llegar a juicio con el desgaste que implica, pero también para la víctima, que encuentra la respuesta que buscaba desde la primera audiencia: una reparación y no una condena”.
El acuerdo también expresa que ante un incumplimiento de las profesionales en el pago de la reparación, la víctima puede recurrir a la vía civil para seguir adelante con su reclamo.