En una audiencia de formulación de cargos desarrollada ayer, el juez de garantías penal Ignacio Pombo dio por iniciada la investigación preparatoria contra una pareja que atacó con armas blancas a una persona en Plaza Huincul tras una discusión. Asimismo, brindó un plazo de cinco días a la defensa de los acusados a fin de establecer una vivienda para cumplir una prisión domiciliaria. Hasta entonces, permanecerán detenidos preventivamente.
L.A. y M.G.A.A. fueron imputados por el delito de homicidio en grado de tentativa. De acuerdo al relato de la fiscal del caso Gabriela Macaya, el viernes 29 de agosto, aproximadamente a las 18, en la plaza del barrio Otaño, luego de una discusión con un hombre, lo agredieron con armas blancas ocasionado múltiples heridas en cuello, tórax, abdomen y extremidades. Las lesiones, de acuerdo a la representante del Ministerio Público Fiscal, pusieron en riesgo su vida: “el deceso no se produjo porque recibió inmediata asistencia médica”, sostuvo.
Asimismo, solicitó un plazo de investigación de dos meses y que, durante ese término, permanezcan en prisión preventiva. Pombo avaló el planteo y, acerca de la medida de coerción, manifestó que “existen riesgos procesales que deben ser cautelados”. En ese sentido, hizo hincapié en el riesgo de entorpecimiento y en “la violencia desplegada” por los imputados.
“Se trata de un hecho sumamente violento desplegado en la vía pública, sin considerar que podrían ser vistos por otras personas, por las viviendas o comercios que hay alrededor, y no les importó, y eso demuestra una despreocupación que me lleva a pensar en los testigos que mencionan tener temor”, dijo, y subrayó que “ser testigos de un hecho de esa violencia con esa despreocupación es un elemento objetivo que permite suponer que a futuro podrían ser intimidados por los acusados. El temor está basado en un elemento objetivo, que es esta agresividad”.
Acerca del peligro de fuga, solicitado por Macaya a raíz de que los acusados no poseen un domicilio conocido, sólo “una vivienda muy precaria hecha con chapas y nylon en la que suelen ser vistos”, el magistrado indicó que “hay una precariedad en su realidad socio económica y falta de arraigo que también debe ser tutelada pero podría serlo con una medida menos gravosa”.